¿Como me declaro insolvente en españa?

La insolvencia en España

El nuevo texto busca superar los problemas causados ​​por el arcaísmo, la imprecisión y la falta de armonización. Como se indica en el preámbulo de la ley, pretende claramente apoyar la viabilidad futura de las empresas, en lugar de promover procedimientos legales largos y complicados que sólo agraven la situación y suelen dejar la liquidación como la única solución.

No obstante, la ley también protege a los acreedores proporcionando un procedimiento más profesional, rápido y seguro (en el que participan jueces especializados que tratan exclusivamente con insolvencias, así como fideicomisarios especializados) y nuevas preferencias de deuda que anulan ciertos privilegios de larga data que ya no son apropiados en España marco empresarial actual.

Requisitos para declararse insolvente

El hecho de declararse insolvente, puede salvar a más de un empresario o persona física, acogiéndose a la ley de segunda oportunidad, se puede lograr que el débito se elimine haciendo que el deudor pueda respirar libremente. Desde un punto de vista comercial, los cambios más relevantes introducidos por la nueva Ley de Insolvencia, que avalan el objetivo de asegurar la viabilidad futura de las empresas, son los siguientes:

Una empresa deudora debe ahora solicitar una declaración de insolvencia en determinadas circunstancias específicas (por ejemplo, insolvencia actual o inminente, no pago de impuestos o contribuciones de seguridad social durante tres meses). En caso de incumplimiento, los directores pueden incurrir en responsabilidad grave, incluida la inhabilitación para ejercer cargos. Sin embargo, un procedimiento iniciado por deudores puede ser ventajoso para la empresa.

En general, no se le impide a la dirección titular de la compañía controlar ni administrar el negocio, sino que es supervisada por el fiduciario. Esto permite a las personas con un profundo conocimiento del negocio permanecer en puestos de responsabilidad, siempre y cuando no existan circunstancias que requieran su destitución, como actividades fraudulentas, apropiación indebida o contabilidad falsa. Por consiguiente, es probable que las presentaciones voluntarias aumenten.
Algunos acreedores pierden prioridad.

Deudas concurso de acreedores

Por ejemplo, las deudas de acreedores clasificados como partes vinculadas (por ejemplo, sociedades del grupo, accionistas, consejeros y familiares, accionistas de sociedades del grupo) se convierten en deudas subordinadas (préstamos de accionistas, de facto o de jure u otras sociedades del grupo). Las garantías de deudas garantizadas por bienes raíces pueden suspenderse provisionalmente durante el proceso de insolvencia, evitando así la división de los bienes del deudor.

Los privilegios de los acreedores tributarios y de la seguridad social se han reducido sustancialmente; estas deudas, en términos generales, sólo podrán beneficiarse del 50 por ciento de su importe. En ciertos casos, los contratos extinguidos antes de la declaración de insolvencia pueden ser restituidos y los contratos válidos pueden ser rescindidos, dependiendo de la solución que sea de mayor beneficio para la empresa.

El crédito y la financiación de cualquier tipo no maduran automáticamente ni aceleran cuando se declara la insolvencia. Se considera que se han omitido todas las cláusulas contenidas en los acuerdos pertinentes. Se podrá obtener un nuevo financiamiento, que se reembolsará de acuerdo con el plan de pago y viabilidad aprobado por los acreedores. Las relaciones de empleo pueden extinguirse y modificarse o suspenderse, y puede iniciarse un procedimiento de despido.Los plazos para la finalización de los procesos de insolvencia y liquidación son más cortos.

En las disposiciones finales de la ley se prevén la elaboración de nuevas leyes o la modificación de las ya existentes sobre la existencia y prioridad de los créditos en caso de ejecuciones específicas o en relación con sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.

Sin embargo, aunque la nueva Ley de Insolvencia es mucho más específica en lo que se refiere a los procesos de liquidación, el procedimiento del plan de viabilidad se menciona sólo tres veces y los criterios aplicables no siempre favorecen la viabilidad futura del negocio en proceso de insolvencia.

La ley establece que el acuerdo de acreedores aprobado sólo puede prever una exención de la deuda máxima del 50 por ciento y un plazo máximo de cinco años de la deuda, a menos que la liquidación de la compañía tuviera un impacto significativo en la economía. Además, la empresa se liquidará en caso de incumplimiento del calendario de pagos establecido en el plan de viabilidad. Estos criterios parecen ser excesivamente restrictivos.